Uno de los presos políticos más antiguos de América Latina es el chileno Jaime Castillo Petruzzi, que desde hace 20 años permanece en cárceles peruanas. En virtud del tratado bilateral sobre traslado de personas condenadas, suscrito por Chile y Perú en 2012, Castillo Petruzzi podría cumplir el resto de la condena -que termina el 14 de octubre de 2016- en una prisión chilena. Castillo invocó ese derecho el 15 de octubre de 2012 pero las autoridades peruanas no se pronuncian y hacen oídos sordos a las gestiones de familiares y abogados del prisionero.
Jaime Castillo Petruzzi, de 57 años, es un revolucionario cuya historia se remonta a los años 70 en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y luego en el MIR. En 1974 se vio obligado a exiliarse en Francia. Sólo pudo regresar en 1988. Se trasladó a vivir a Perú, donde colaboró con la lucha popular contra la dictadura de Fujimori. Fue detenido en Lima en 1993, junto con otros chilenos y peruanos acusados de pertenecer al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Fue juzgado sumariamente en tres horas por un tribunal militar sin rostro, sin derecho a defensa (su abogado no pudo hacer uso de la palabra), y condenado a cadena perpetua por “traición a la patria”.
En mayo de 1994, Jaime Castillo Petruzzi fue trasladado a la cárcel de Yanamayo, Puno, a 4.000 metros de altura, donde permaneció ocho años bajo régimen cerrado especial. Por el difícil acceso y la lejanía del lugar, las condiciones climáticas y las dificultades económicas, en todo ese tiempo recibió por algunas horas, y una vez al año, la visita de sus familiares. En 1995 falleció su madre en Santiago. Por la incomunicación y el aislamiento al que estaba sometido, Castillo recibió la noticia varias semanas después.
Entretanto, sus abogados recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 30 de mayo de 1999 ordenó al Estado peruano derogar las leyes de excepción que sirvieron de marco a la ley antiterrorista Fujimori-Montesinos y efectuar un nuevo juicio a Castillo Petruzzi, en el marco de la convención de San José de Costa Rica, teniendo que respetarse el debido proceso y el derecho a defensa. No obstante, el gobierno peruano se negó a acatar el fallo de la CIDH.
En abril de 2001, Castillo y otros cinco chilenos encarcelados en Yanamayo iniciaron una huelga de hambre solicitando ser repatriados a Chile. Al mes siguiente fueron trasladados a Lima, y el nuevo gobierno peruano (de Valentín Paniagua) decide reincorporarse a la CIDH y acatar el fallo en el caso de Castillo Petruzzi. En junio fue anulada la sentencia a cadena perpetua y se inició un nuevo proceso. En septiembre de 2003 Jaime Castillo fue condenado a 23 años de prisión y a una reparación civil de 250 mil soles. Otros dos chilenos fueron beneficiados y ya se encuentran en libertad, uno de ellos en régimen de libertad condicional.
Sin embargo, el 14 de octubre de 2009 Jaime Castillo y otros diez prisioneros fueron trasladados en horas de la madrugada al penal especial de régimen cerrado de Ancón I (Piedras Gordas), en las afueras de Lima. Esto fue un duro cambio para Castillo Petruzzi, que en el penal de régimen ordinario Miguel Castro Castro, en Lima, estudiaba y trabajaba. En la cárcel hacía trabajos de artesanía artística, estudiaba ciencias de la comunicación y enseñaba francés e italiano. El mismo día, el gobierno de Alan García promulgó una nueva ley eliminando los beneficios penitenciarios.
Después de un año en Ancón I, Castillo fue enviado de regreso al penal Castro Castro. El 29 de abril de 2011 fue agredido junto a otros presos políticos del pabellón 5 por decenas de reos comunes, con el objetivo de desalojarlos y poder tomar el control del pabellón. El informe médico de Castillo señala contusiones múltiples, 55 cortes en la cabeza, ruptura de los meniscos de la rodilla derecha y heridas cortopunzantes en el cuerpo. Como consecuencia del incidente, fue trasladado de nuevo al penal Ancón I. Después de cinco meses es operado de la rodilla derecha y le reconstruyen los ligamentos. Lo operan mientras permanece esposado a la cama y en presencia de agentes de la policía en la sala de operaciones. Es dado de alta antes de las 24 horas y enviado de vuelta al penal de régimen cerrado de Ancón I. La terapia de ejercicios y recuperación indicada por los médicos sólo fue cumplida en un 25%, ante la negativa de las autoridades de trasladarlo al hospital.
En el penal de Ancón I sufrió duras restricciones: permanece encerrado desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, sin TV ni radio. Se apaga la luz a las 10 de la noche y su derecho a patio está reducido a cuatro horas. No tiene derecho a comunicación, a pesar de que después de 19 años de prisión y encontrándose clasificado en régimen ordinario de mediana seguridad, debería poder acceder a teléfono público.
Jaime Castillo podría haber alcanzado su libertad en febrero de 2010 si se le hubiera reconocido, de acuerdo a la ley, su derecho a los beneficios penitenciarios (tres cuartas partes de la pena cumplida; reducción de la pena por motivo de trabajo y estudio). Dentro del actual marco legal peruano, Jaime Castillo recién saldría en libertad cumpliendo íntegra la pena, el 14 de octubre de 2016. Su compañera, Maite Palacios, y su padre, así como numerosos amigos de Castillo en Chile y Perú, vienen realizando gestiones en diversas instancia para que las autoridades peruanas accedan a cumplir en este caso el tratado sobre el traslado de personas condenadas, sin éxito hasta ahora.

JAIME Castillo Petruzzi con su hija Paula en la cárcel de Ancón I. Con su compañera peruana, Maite palacios, tiene dos hijos: Paula y Rocco.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 781, 17 de mayo, 2013)
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Miles de estudiantes se movilizaron en Santiago y en regiones en Chile, efectuando una contundente demostración de fuerzas y de vitalidad del movimiento estudiantil chileno, que mantiene vigente una demanda que encuentra amplio apoyo en la sociedad, hasta el punto que ellos mismo reconocen que han logrado cambiar el paradigma y los límites de lo aceptado y permitido hasta antes de las movilizaciones del 2011. En medio de un año electoral, los estudiantes comprenden que es ahora el momento en que una demanda social, entendida como un derecho social, debe lograr instalarse como un nuevo paradigma. De allí, que con la movilización, desafían a la elite política y a los candidatos a pronunciarse.

Decenas de miles de estudiantes universitarios y de la enseñanza media marcharon por la principal avenida de Santiago de Chile el jueves para exigir que el tema de la educación figure destacadamente en la campaña electoral de los precandidatos que aspiran a suceder al presidente Sebastián Piñera en las elecciones del 17 de noviembre.

La marcha se realizó en el marco de más de medio centenar de sedes universitarias paralizadas y una veintena de colegios tomados, y de incidentes aislados protagonizados por anónimos encapuchados.

La marcha se prolongó por más de 25 cuadras hasta llegar a un escenario donde se realizó un acto cultural en medio de discursos de los principales líderes estudiantiles, que fueron interrumpidos por los desórdenes de algunos centenares de adolescentes que se cubrieron los rostros con pañoletas.

Los encapuchados quemaron un paradero del transporte público, destruyeron el enrejado de jardines, y lanzaron diversos proyectiles a la policía antimotines, que los dispersó con gruesos chorros de agua y gases lacrimógenos.

La situación se repitió en ciudades del norte y del sur del país.

Según la policía, en esta tercera marcha del año participaron unos 45.000 jóvenes, mientras los organizadores aseguran que superaron los 80.000 participantes.

No hay cifras oficiales de detenidos y, como de costumbre, la policía detuvo a muy pocos de los encapuchados que enturbian las manifestaciones estudiantiles que durante todo su trayecto se desarrollan pacíficamente, al ritmo de tambores y parejas de jóvenes que bailan samba, en medio de un bosque de banderas y grandes carteles que demandan educación gratuita y de calidad.

Irrupción ilegal de Fuerzas Especiales en Toma de Casa Central Universidad de Chile

Las movilizaciones estudiantiles iniciadas en mayo del 2011 y que virtualmente paralizaron la educación universitaria, a las que se plegaron luego los colegiales, remecieron al sistema político chileno y obligaron tanto al oficialismo como a la oposición de centroizquierda a poner el problema de la enseñanza en el primer lugar de las preocupaciones, a promulgar leyes para erradicar los usureros préstamos universitarios de la banca, a un 6,5% de interés, que producían profesionales endeudados a más de 20 años. Los créditos ahora están a cargo de una agencia estatal, y a un 2% de interés, pero aunque rebajadas, sobre los hombros de los estudiantes siguen las pesadas deudas.

Y aunque se aumentaron considerablemente las becas durante el gobierno de Piñera, que concluye en marzo del 2014, aún falta mucho camino por recorrer, especialmente en el tema de la calidad de la enseñanza.

Sobre la gratuidad, el oficialismo derechista y sus precandidatos presidenciales la rechazan y afirman que sólo debe favorecerse a los sectores más desposeídos y a una franja de la clase media, mientras la precandidata socialista Michelle Bachelet, que competirá con otros aspirantes menores en las primarias presidenciales del 30 de junio, ya prometió que si triunfa en noviembre, promoverá una educación gratuita para todos.

Bachelet, que ya gobernó Chile entre el 2006 al 2010, dijo que en el próximo período presidencial, avanzará en la gratuidad para al menos un 70% de los estudiantes, y que el resto deberá hacerse en los años siguientes. Fue acusada por el oficialismo de ceder a las presiones de los estudiantes.

Los líderes estudiantiles critican por igual al gobierno y a la oposición.

A nuestra clase trabajadora y los sectores explotados,

A las Asambleas Populares y coordinadoras territoriales clasistas,

A las organizaciones, luchadores y luchadoras de la clase,

Al Pueblo-Nación mapuche,

A la opinión pública en general:

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CODEPU ante los cuestionamientos a la política de exoneración, manifiesta lo siguiente:

1. Que, la exoneración por razones políticas de miles de personas, fue parte de la política de un estado dictatorial, cuyo único objetivo fue atropellar la dignidad humana de los opositores.

Miles de personas fueron expulsadas de sus trabajos; muchas empresas fueron cerradas a partir del 11 de septiembre de 1973; muchos trabajadores fueron retenidos en sus lugares de trabajo para después continuar con “retenciones obligadas” en sus domicilios; otros debieron salir a un exilio forzoso por falta de trabajo, además de buscar protección, pues su seguridad y la de su familia se veía amenazada.

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El abogado hizo ver los posibles escenarios si se llegará a concretar la Asamblea Constituyente.

El posible cambio de Constitución ha sido el tema que ha marcado la agenda política, esto debido a que en el comando de Michelle Bachelet ya se estarían gestando los primeros indicios para que esto ocurra. Para Hermógenes Pérez de Arce, esto solo traería más problemas y no soluciones.

“Esta sola iniciativa provoca una crisis institucional y eso puede tener cualquier salida porque ya cuando se ha transgredido la Constitución de esa manera, cualquier otra transgresión puede encontrar justificación (…) generalmente estas situaciones se han resuelto en Chile por esa vía (golpe de Estado)”, aseguró.

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